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El virus Covid 19 mata a gente pero esperanza a los represores

El represor Luis Muiña condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad que perpetró durante la dictadura genocida, ha dado positivo en el corona virus, y ha sido trasladado al pabellón penitenciario del Hospital Muñiz. Este criminal colabora para que nuevamente los genocidas condenados, se muevan para solicitar prisiones domiciliarias.
Si bien la mayoría de ellos, como el propio Muiña, están alojados en una prisión especial destinado a ellos, en Campo de Mayo, y no padecen entre otros temas, el hacinamiento de las cárceles comunes.
 
Este criminal Muiña, de 65 años, era parte del grupo de represores que transformaron una parte del Hospital Posadas, en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, cientos de personas. Este represor torturaba a las víctimas con la saña propia de genocidas.
Ya en 2017, este asesino, fue puntero en el intento de la aplicación del beneficio del 2X1, pero que la rebelión de la conciencia popular llenando las calles, impidió que se aplicara a criminales de lesa humanidad. Y ahora que se encuentra enfermo, abre la posibilidad que otros genocidas reclamen privilegios que en modo alguno les corresponden por la naturaleza aberrante de los delitos de lesa humanidad.
 
Desde que comenzó la pandemia, y de acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, 177 represores han solicitado su traslado de las prisiones a sus casas para prevenir el contagio, de los cuáles 127 trámites ya han sido rechazados.
Actualmente hay 3.315 personas acusadas en los juicios de lesa humanidad, 968 condenadas, 156 absueltas, 637 procesadas, 70 indagadas, 544 imputadas, 28 prófugas, 639 fallecidas, 91 sobreseídas y a 182 se les dictó falta de mérito. Del total de los investigados, solo 913, que representan el 28 %, se encuentran detenidos, pero 637 de ellos gozan de arresto domiciliario. De tal modo que apenas 195 permanecen en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y en sitios especiales como el predio militar de Campo de Mayo, donde estaba Muiña.
 
Entre los represores que lograron irse a su casa están los ex policías Juan Nazareno Risso, Ramón Carlos Velasco y Walter Omar Ale, quienes fueron capturados recién en noviembre del año pasado. Se les acusa del asesinato de Horacio Alberto Benavides, un joven militante de 22 años fallecido durante un operativo realizado en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.
En la provincia de Mendoza fueron beneficiados el excoronel Mario Guillermo Ocampo, quien permaneció prófugo durante siete años hasta que fue capturado en febrero de 2019; los exagentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares; el ex subcomisario Juan Carlos Ponce; los ex agentes de Inteligencia Segundo Héctor Carabajal, Omar Navarro Moyano y Oscar Simone, y el ex policía Carlos Ledesma.
 
Por el contrario, fue denegado el pedido de prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, uno de los personajes más deleznable de la dictadura genocida. El excomisario fue condenado a cadena perpetua en múltiples juicios en los que se demostró que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a cientos de personas, y ha sido señalado como responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López. A sus 90 años, se encuentra recluido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en donde el Tribunal Oral Federal 6 consideró que no corre mayores riesgos de contraer el coronavirus.
 
El represor Alfredo Astiz, otro repugnante asesino, junto a otros personajes emblemáticos como los excapitanes de fragata Jorge 'Tigre' Acosta y Antonio Pernías y el ex marino Ricardo Cavallo, se les ha denegado la prisión domiciliaria.
 
Asimismo hay que señalar que la fiscal federal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, advirtió que no corresponde la concesión del beneficio de domiciliarias automáticamente, por integrar, los represores, un grupo de riesgo, y enumeró la serie de medidas que hay en las cárceles para proteger la salud de los detenidos.
Por cierto, cabe remarcar especialmente que en la Cámara de Casación, se encuentran dos jueces que actúan abiertamente favoreciendo a represores con domiciliarias. Los camaristas Carlos Mahiques, exministro de María Eugenio Vidal, y Guillermo Yacobucci, ex escriba de la revista Cabildo, (publicación caracterizada por su nacionalismo ultramontano, por su xenofobia, y su antisemitismo), y han auspiciado a represores imputados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército, con la concesión del arresto domiciliario al genocida Lucio Nast, condenado a 22 años por delitos de lesa humanidad en la mega causa Feced, y en el fallo emitido, consideran que el genocida por su edad, 66 años (¿?) y por su estado salud es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus”. Tanta consideración con victimarios que resulta paradójica e insultante que los testigos y víctimas son permanentemente acosados y atacados, como lo hicieran recientemente contra el Chinche Medina, querellante en dicha causa.
 
Esta misma Cámara y estos mismos jueces, otorgaron igual medida, prisión domiciliaria, al genocida Daniel Néstor Cuomo, condenado a prisión perpetua en 2017 en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA. A menos de dos años del fallo de primera instancia ya tiene el beneficio de cumplir la condena en su cas!!!
 
Y ahora nuevamente estos dos jueces promotores de concesiones a genocidas, devuelven expedientes de 6 criminales de lesa humanidad, para que “revisen la negativa de otorgarles domiciliarias”.
Estos dos jueces ponen no sólo en cuestionamiento las condenas y las resoluciones de los tribunales federales, sino que además cometen prevaricación, delito que consiste en que un juez dicta una resolución arbitraria en un asunto judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad y está sancionada por el derecho penal,
 
El informe de situación del corona virus, confina a la población, pero hay otro virus que resiste considerablemente: la impunidad, consentida por jueces, fiscales, políticos, gobiernos… etc., y este es el peor virus que normaliza como vecinos comunes a genocidas que no deberían salir ni un solo segundo de las prisiones.
El Estado es responsable de la represión genocida ya en 1975 hay más de 2.500 compañerxs asesinados antes del golpe. Fue genocidio, y son 30.000 detenidxs desaparecidxs; cientos de menores apropiados, miles de presxs políticxs y exiliadxs. ¿Es posible aún que haya jueces, medios de comunicación, empresarios, políticos… impongan la consideración y reconciliación con los verdugos?
 
La lucha por la justicia es inclaudicable, en ello nos va la dignidad; porque tenemos memoria, no olvidamos a ningunx de lxs compañerxs que anhelaban un mundo justo y solidario.
Un virus no va a enclaustrar nuestra conciencia ni nuestra voz. Contra la impunidad Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Ni olvido ni perdón ni reconciliación
 
ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN

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